El Estado ha intervenido YPF, y en paralelo el Gobierno Nacional impulsa una ley de expropiación del 51 % de la empresa. Además, la ley declara de interés público a la producción de hidrocarburos, cosa que resulta fundamental para la planificación energética del país. Pues una Nación que se pretenda soberana e independiente, debe tener control de los recursos naturales que posee, orientándolos a un uso racional y en sintonía con los intereses propios de dicho país, priorizando siempre el autoabastecimiento y el consumo interno.
Con esta ley, se pondrá fin a una era en la que la única prioridad de la empresa era la rentabilidad, la generación de utilidades, el aumento de las ganancias por parte de sus accionarios, produciendo todo tipo de maniobras especulativas sin límite, llegando incluso a generar boicots, en perjuicio de los ciudadanos argentinos.
POR UN ESTADO SOBERANO, PRESENTE Y REGULADOR DE NUESTROS RECURSOS
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